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Las medidas del gobierno son un nuevo intento de parchear un problema que solo puede resolverse desde un enfoque mucho más radical que lo intentado hasta ahora.
Es necesario abordar una Ley integral de sobreendeudamiento familiar.


Madrid, 9 de marzo de 2012. La injusta situación en la que se encuentran numerosas familias españolas, que, como consecuencia de la crisis, no pueden hacer frente a los compromisos de sus préstamos hipotecarios y se ven enfrentados a la posibilidad no solo de perder sus viviendas, sino de verse sumidos en una situación de deuda perpetua imposible de saldar y que los convierte en parias económicos para el resto de sus vidas, empieza a resultar insoportable para el conjunto de la sociedad española. Aún más si tenemos en cuenta el desequilibrio entre estas familias y sus acreedores, desequilibrio que no solo afecta a la capacidad económica, sino también a las ayudas y a la atención que los poderes públicos les facilitan.
Este desequilibrio entre la banca y las familias endeudadas está provocando una reacción social y solidaria a todos los niveles. UCE, como organización que representa los intereses de los consumidores, ha venido manifestándose en contra de este acoso estructural a las economías familiares y aboga por una solución integral al sobreendeudamiento que, por medio de un texto con rango de ley, proteja a las familias y les permita encarar el futuro con viabilidad y responsabilidad. La Ley de sobreendeudamiento familiar es una reivindicación constante de UCE que nunca ha sido escuchada.
Mientras tanto, la realidad de la injusticia que denunciamos crece y, ante el clamor social, los gobiernos del partido socialista pusieron en marcha pequeñas medidas que parecían ser intentos de aligerar la presión sobre las familias, pero que no llegaron a buen puerto y se mostraron escasamente eficaces.
Sentencias judiciales recientes y la realidad social cotidiana han obligado ahora al Gobierno del PP a avanzar un nuevo paquete de medidas que, aunque bienintencionadas, siguen siendo un parche que no hace sino prolongar el sufrimiento de numerosas familias afectadas por la burbuja inmobiliaria y la crisis económica.
En primer lugar, las medidas establecen límites para su aplicación y, en algunos casos, se justifican difícilmente. No se trata de atender la situación de las familias ya excluidas del sistema, sino procurar que no se añadan más a esa lista. La elección de criterios restrictivos para la aplicación de las medidas como el valor de la vivienda u otros hace que familias que, en principio, podrían salvar su situación queden excluidas de esta posibilidad y se vean precipitadas a la marginalidad económica, ya que se aplican criterios gravemente contaminados por la pésima gestión de la oferta inmobiliaria a la hora de valorar sus situación.
Algunas de estas limitaciones pueden producir varias paradojas. Por ejemplo, mientras que la reforma laboral del Gobierno tiene como uno de sus argumentos la desincentivación de la situación de paro, estas medidas operan al contrario ya que benefician a los parados frente a los empleados con salarios bajos. Por otra parte, puede darse el caso de que rentistas que no necesitan trabajar se apunten al paro para poder paralizar ejecuciones hipotecarias. Y así podríamos continuar.
Lo peor de las medidas es su carácter voluntario para los bancos acreedores; una voluntariedad que ni se explica socialmente ni se justifica económicamente. No se explica socialmente porque los ciudadanos no pueden entender que entidades altamente subvencionadas, y a las que se les facilita crédito barato, puedan negarse a poner en marcha medidas que ayuden a las familias sobreendeudadas. No se justifica económicamente porque si las medidas son dañinas para las entidades, estas no suscribirán el código, por lo que este deviene inútil. Y si no son dañinas para las entidades, entonces por qué no son obligatorias y se dejan al criterio de unos directivos muy bien pagados -cada vez mejor- y que ya han demostrado cuál es su interés por el bienestar de los ciudadanos.
Por todo esto, UCE saluda las medidas, pero las califica de parche insuficiente y requiere al Gobierno que cuanto antes acometa las reformas que de verdad reclama y necesita la sociedad española: una ley de sobreendeudamiento y el restablecimiento del equilibrio entre familias y entidades financieras.


 
   
 
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