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UCE rechaza los recortes anunciados por el Gobierno en Educación y Sanidad.

Los recortes anunciados son vagos, imprecisos y alarmantes.

El Gobierno de Mariano Rajoy presentó hace apenas dos semanas los Presupuestos Generales del Estado y, una semana después, a través de una nota de prensa, anunció un nuevo recorte de 10.000 millones de euros que afectaría a Sanidad (unos 7.000 millones) y a Educación (los 3.000 millones restantes). Aun sin saber de qué manera se van a concretar –la vaguedad y el misterio están siendo una constante en este Ejecutivo- UCE quiere mostrar su rechazo a estas medidas, sobre todo teniendo en cuenta que el recorte en otros sectores, como Defensa, o el presupuesto para la Casa del Rey es casi ridículo comparándolo con el de Sanidad y Educación.

Los recortes en Educación, casi es un lugar común decirlo, pero parece que este Gobierno lo ha olvidado, empobrecen el futuro del país y el aumento de las tasas universitarias, así como la disminución de las becas suponen la exclusión de determinadas capas de la sociedad española de la educación superior, sobre todo en un momento en el que el sobreendeudamiento familiar es uno de los principales problemas del país.

UCE también ve injusta y desigual la medida de distribuir los costes en función de la renta (no solo es injusta, sino que de nuevo se ha planteado vagamente y no sabemos cómo se va a hacer), puesto que supone una mayor carga para los asalariados y los que cumplen con sus deberes para con la Hacienda pública, mientras que los sectores con posibilidad de eludir en su declaración de renta determinados ingresos, pensemos en los amnistiados, se verían doblemente beneficiados. La Unión de Consumidores de España es partidaria de que la contribución progresiva a los costes de los servicios públicos se haga a través de los impuestos y que haya una lucha real contra el fraude fiscal; todo lo demás es imposición indirecta y, por lo tanto, injusta y poco distributiva.

En vista de la situación, la Unión de Consumidores de España quiere hacer un llamamiento a los ciudadanos para que, por un lado, no carguen sus protestas por el posible deterioro de los servicios sanitarios y educativos sobre profesores, médicos, maestros y enfermeras públicos, y, por otro, queremos recordar a la ciudadanía la necesidad de estar unidos para defender nuestros derechos como usuarios de los servicios públicos y demostrar que la crisis no puede ser usada como excusa para recortar en lo fundamental: sanidad y educación.

 
   
 
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